Una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el complejo de Villa Mercedes vuelve a poner bajo la lupa mucho más que el destino de millones de pesos. El expediente abre una discusión sobre una forma de administrar el Estado que durante décadas estuvo asociada al poder de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.
Molino Fénix dejó de ser solamente el nombre de un complejo cultural y productivo de Villa Mercedes. La investigación judicial que hoy lo tiene en el centro de la escena comienza a transformarse en una ventana hacia una pregunta mucho más profunda: ¿cómo funcionó el poder en San Luis durante los largos años de gobierno de los hermanos Rodríguez Saá?
La causa investiga hechos ocurridos entre 2020 y 2023 y, según la Fiscalía, el presunto perjuicio contra el Estado superaría los $900 millones. La Justicia dictó prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras el proceso continúa respecto de los demás involucrados.
Pero el expediente plantea una discusión que excede a los nombres que hoy aparecen imputados.
Durante décadas, el poder político provincial estuvo concentrado en un mismo espacio y bajo el liderazgo de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Gobernadores, funcionarios, legisladores, organismos estatales y estructuras políticas conformaron durante años un entramado con una enorme capacidad de decisión sobre los recursos públicos.
¿Fue simplemente una sucesión de gobiernos o existió una verdadera matriz de poder?
La pregunta adquiere otra dimensión cuando la Justicia comienza a reconstruir cómo se manejaban contrataciones, pagos, cheques, vehículos, documentación y recursos pertenecientes al Estado.
En el caso Molino Fénix, la Fiscalía puso bajo análisis 116 cheques y señaló que solamente cuatro estarían correctamente confeccionados. También investiga una presunta utilización de recursos del complejo durante la campaña electoral de 2023 y posibles movimientos de documentación y bienes durante el proceso de transición de gobierno.
Todo esto, por ahora, forma parte de hipótesis que deberán ser demostradas judicialmente. No existe una sentencia firme que permita afirmar la existencia de una estructura delictiva ni responsabilizar por esos hechos a quienes no están imputados.
Sin embargo, el caso vuelve inevitable una discusión política.
Porque una estructura estatal no funciona solamente por voluntad de una persona. Hay funcionarios, controles administrativos, organismos contables, auditorías y procedimientos destinados precisamente a impedir que los recursos públicos sean utilizados irregularmente.
Si las irregularidades investigadas ocurrieron durante un período prolongado, la pregunta también debería dirigirse hacia quienes tenían la responsabilidad de controlar.
Y ahí aparece la cuestión de fondo: ¿qué nivel de independencia tenían los mecanismos de control frente a un poder político que gobernó San Luis durante décadas?
La investigación sobre Molino Fénix podría terminar determinando responsabilidades individuales. Pero también puede convertirse en una oportunidad para revisar una etapa mucho más extensa de la historia política provincial.
Los gobiernos de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá construyeron una estructura de poder que atravesó generaciones, administraciones y organismos del Estado. Esa permanencia puede ser analizada desde distintos puntos de vista, pero resulta difícil negar su enorme influencia sobre la vida institucional de San Luis.
Ahora, una causa judicial pone nuevamente sobre la mesa aquello que durante años fue una pregunta casi ausente del debate público: qué ocurre cuando un mismo espacio político concentra durante demasiado tiempo las principales herramientas del Estado.
Molino Fénix todavía no tiene una sentencia. La Justicia deberá determinar qué ocurrió, quiénes participaron y si existió o no una organización destinada a perjudicar al Estado.
Pero independientemente del resultado judicial, el expediente ya abrió una discusión que va más allá de sus protagonistas.
No se trata solamente de saber quién manejó los cheques. Se trata de preguntarse quién controlaba a quienes manejaban los cheques.
Y, sobre todo, si detrás de tantos años de poder existió una forma de gobernar que terminó convirtiéndose en una matriz política, administrativa y de control del Estado.
