El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) a través del Decreto 242/2026, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo de las MiPyMEs mediante beneficios fiscales y herramientas de financiamiento.
La iniciativa apunta a fortalecer la competitividad, impulsar exportaciones y generar empleo, enfocándose en empresas desde micro hasta medianas tramo 2. Para acceder, deberán contar con certificado MiPyME vigente y cumplir con montos mínimos de inversión que van desde los US$150 mil hasta los US$9 millones, según el tamaño de la firma.
El régimen contempla incentivos como amortización acelerada, devolución de IVA y créditos fiscales, que comenzarán a regir una vez que los proyectos generen ganancias. También incluye a entidades sin fines de lucro con actividad productiva y promueve inversiones específicas en el sector agropecuario, como sistemas de riego y mallas antigranizo.
Sin embargo, pese al avance normativo, el esquema aún no está plenamente operativo. Especialistas advierten que faltan definiciones clave, como los mecanismos de adhesión, la devolución anticipada del IVA y la certificación del avance de obras, aspectos que deberán ser reglamentados por los organismos correspondientes.
En este escenario, el RIMI se presenta como una herramienta relevante para dinamizar la inversión, aunque su impacto dependerá de la rapidez con que se completen los aspectos pendientes.
