La administración del presidente Javier Milei experimentó momentos de tensión seguidos de un cauteloso alivio tras la ajustada votación en la Cámara de Diputados que ratificó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Este resultado, producto de intensas negociaciones de último minuto, marca un hito significativo para el gobierno, aunque la atmósfera en la Casa Rosada dista de ser triunfalista.
Fuentes oficiales reconocieron la preocupación que reinaba en las horas previas a la votación. Las tratativas se extendieron hasta el último momento, reflejando la incertidumbre sobre el desenlace. El desahogo posterior fue palpable, aunque moderado por la conciencia de los desafíos que se avecinan, particularmente en lo concerniente al debate del Presupuesto 2025.
La postura gubernamental se cristalizó rápidamente en las redes sociales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó la prioridad del equilibrio fiscal como «política de Estado innegociable». Este mensaje subraya el argumento central del Ejecutivo para vetar la ley: la necesidad de mantener la disciplina en las cuentas públicas, a pesar de que el impacto presupuestario de la medida vetada representaba apenas el 0,14% del PBI.
Para el oficialismo, el conflicto con el sector universitario trasciende lo meramente económico, adquiriendo un carácter simbólico. Existe la percepción de que una derrota en este frente habría tenido repercusiones negativas en los mercados financieros. No es casualidad que el propio Milei haya destacado en sus redes sociales la caída del riesgo país tras conocerse el resultado de la votación.
La victoria legislativa se logró gracias a una coalición que incluyó al PRO, algunas fuerzas provinciales y un puñado de radicales considerados «dialoguistas». Sin embargo, este apoyo no llegó sin concesiones. Se rumorea que Mauricio Macri, figura clave del PRO, obtuvo promesas de mayor influencia en áreas estratégicas del gobierno, especialmente en el sector energético.
