El juez federal Juan Esteban Maqueda aceptó el pedido del fiscal, motivado por una denuncia del comité electoral del PRO. La noticia se conoció a través de medios nacionales en la tarde del viernes y repercutió rápidamente en San Luis.
La justicia, con competencia electoral, le impidió este viernes al gobernador Alberto Rodríguez Saá implemente un conjunto de planes económicos en las próximas semanas. Fue por un pedido del fiscal Cristian Rachmid.
En San Luis, el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio había presentado días atrás, una denuncia contra el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”.
Según informó Clarín, Se trata de 400 millones de pesos que se otorgaran en concepto de “adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, “se entiende que las medidas anunciadas comenzarían a implementarse en los próximos días, siendo que el 20 de octubre inició la prohibición de realizar actos públicos que puedan entenderse con fines electorales, se requiere que todo sea puesto en marcha después del 14 de noviembre”.
La resolución del juez Maqueda, argumenta dar curso a la medida cautelar para evitar que haya una “vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país”.
Los programas que se deberán postergar hasta el 15 de noviembre contempla el pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de 20.000 pesos y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre; también que no se continúe con la operatoria de microcréditos de hasta 50.000 pesos, y el otorgamiento de subsidios a asalariados.
La medida además alcanza al anunciado pago de los nuevos planes sociales para los que se ha estado inscribiendo en los últimos días, cuyo monto es de 20.000 pesos y que se iban a empezar a pagar el 10 de noviembre, y al uso de una partida de 5 millones de pesos de fondos rotatorios para cada ministerio, con la posibilidad de entregar subsidios en efectivo de hasta 50.000 pesos.
Fuente: Clarín
