El organismo le advirtió a los gobernadores sobre el financiamiento electoral de bandas narco. En ese marco, le solicitó al Congreso aprobar “un régimen unificado de control patrimonial” y solicitó a jueces de todo el país que informen las causas en trámite que involucren a partidos, funcionarios y candidatos.

En la previa a las PASO de agosto y las generales de octubre, la Cámara Nacional Electoral resaltó la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.

Mediante la Acordada Extraordinaria N° 45/2023, firmada por sus tres integrantes -Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas- la Cámara solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico, en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas. El pedido de información fue elevado a las Cámaras Federales de la Capital Federal y del interior del país y a los Tribunales Superiores de Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Tribunal señaló que la experiencia comparada indica que los intentos del narcotráfico para influir –con el financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial-, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional. Sucede que el control federal se aplica a las campañas nacionales, mientras que en las provinciales, la supervisión del financiamiento partidario es responsabilidad de cada jurisdicción.

La intención de la justicia electoral es controlar -según las reglas de la ley 26.215- el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas, ya sea a nivel nacional, donde tienen jurisdicción, como prestar colaboración a nivel local. Los jueces destacaron que hay que promover y diseñar políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.

El mes pasado, el máximo tribunal en cuestiones electorales mantuvo una reunión con todos los representantes de los partidos políticos de alcance nacional para analizar el sistema operativo de los comicios de este año. Allí, los jueces alertaron sobre la necesidad de ajustar los controles en las provincias para detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito para las campañas.

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