El Senado de la Nación ratificó este jueves la ley de emergencia en discapacidad, que regirá en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece un conjunto de medidas para saldar deudas con los prestadores de salud, actualizar aranceles y modificar el esquema de pensiones no contributivas.
Entre los puntos centrales, la norma dispone la actualización retroactiva de las prestaciones para compensar la inflación desde 2023 y el pago de la deuda acumulada con los prestadores. A partir de ahora, los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas se ajustarán de manera mensual en base a los índices informados por el INDEC.
En cuanto a las pensiones no contributivas por discapacidad, la ley fija que equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, los beneficiarios podrán trabajar en relación de dependencia siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
El Poder Ejecutivo deberá destinar recursos del Tesoro Nacional para financiar una compensación de emergencia a los prestadores del sistema. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal de la medida oscilará entre 1,88 y 3,62 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de beneficiarios alcanzados, que podría variar entre 493 mil y 946 mil nuevas altas.
La ley también establece que la Agencia Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas para evaluar de manera justa y transparente la situación de los beneficiarios, con criterios de salud y socioeconómicos. El procedimiento deberá garantizar notificaciones claras, participación inclusiva y acceso a la información.
Por último, la norma incorpora un incentivo para la inserción laboral: los empleadores que contraten personas con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado estarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante tres años.
Con estas disposiciones, el Congreso busca dar respuesta a un reclamo histórico del sector y garantizar mayor previsibilidad para los beneficiarios y los prestadores de servicios vinculados a la discapacidad.
