El Senado retoma su actividad esta semana con el proyecto de ley de discapacidad, que mantiene los principales beneficios de la ley de emergencia. El oficialismo busca sancionarlo entre el 19 y el 26 de noviembre, en la última sesión del período ordinario.
La iniciativa se tratará este miércoles a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará obtener dictamen.
El texto llega con media sanción de Diputados, donde obtuvo un amplio consenso entre el oficialismo y la oposición. Su aprobación es clave para el Gobierno, porque los bloques aliados exigen una norma que garantice la continuidad de las prestaciones cuando venza la ley de emergencia, sancionada por la oposición el año pasado y vetada por Javier Milei.
El conflicto había escalado cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó en el Presupuesto 2027 artículos que eliminaban el nomenclador único y el arancel unificado, entre otros cambios. El oficialismo desactivó la tensión con un nuevo proyecto que conservó los ejes de la ley vigente. Además, la eliminación de esos artículos es una de las condiciones de los bloques dialoguistas para acompañar el Presupuesto.
La «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad» replica el esquema de la Ley 27.793, pero sin carácter de emergencia. Mantiene la compatibilidad entre la pensión no contributiva y un empleo formal, con ingresos de hasta dos salarios mínimos, y la actualización de aranceles según la movilidad jubilatoria. También garantiza la cobertura de Incluir Salud y fija que el presupuesto del área no baje en términos reales.
Incorpora además auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, y un cronograma de pago de las deudas con prestadores, con un plazo de 30 días para su reglamentación.
El dictamen de este miércoles marcará si el oficialismo llega a tiempo para cerrar el año legislativo con una ley que, a diferencia de la actual, no dependa de prórrogas ni de la coyuntura.
