La causa por presuntas irregularidades en la Casa de la Música del Molino Fénix expone algo que va más allá de los nombres que aparecen en el expediente y de los cargos formulados por la Justicia: la pregunta inevitable sobre cómo fue posible que una estructura de presunto manejo irregular de fondos públicos pudiera desarrollarse durante años sin que los mecanismos de control del Estado lograran impedirla o detectarla a tiempo.
Según la acusación fiscal, las maniobras investigadas se habrían producido entre 2020 y 2023 y habrían generado un perjuicio estimado en unos $900 millones para la Administración Pública. La investigación habla de presuntas facturas falsas, contrataciones cuestionadas, cheques y empresas que no tendrían relación con las actividades del complejo cultural. Incluso se puso bajo análisis la existencia de más de un centenar de cheques, de los cuales, según Fiscalía, solamente cuatro se encontraban en condiciones regulares.
Pero si esas irregularidades finalmente son acreditadas por la Justicia, aparece una segunda pregunta: ¿dónde estaban los controles en el gobierno anterior?
Porque los fondos públicos no deberían depender exclusivamente de que, años después, una investigación judicial descubra lo que los organismos administrativos, contables y políticos deberían haber advertido oportunamente.
La presunta utilización irregular de recursos públicos no comienza ni termina en quien firma un cheque. Detrás existe un sistema de autorizaciones, controles, auditorías, rendiciones y organismos encargados de verificar que el dinero del Estado sea utilizado para el fin previsto.
Por eso, el caso Molino Fénix obliga a mirar también hacia ese sistema.
La investigación judicial sostiene además que habría existido una estructura organizada, con división de funciones, y que incluso podrían haberse utilizado recursos y vehículos vinculados al complejo durante una campaña electoral. A esto se suma una de las acusaciones más graves: la presunta destrucción u ocultamiento de documentación y evidencia digital cuando se aproximaba un cambio de gestión.
Si esas circunstancias son confirmadas, la gravedad institucional sería todavía mayor. Porque ya no se estaría hablando solamente de una eventual administración fraudulenta, sino también de un intento de impedir que los propios mecanismos de control pudieran reconstruir lo sucedido.
La Justicia acaba de ingresar en una etapa decisiva. Tres de los imputados quedaron con prisión preventiva por 60 días, mientras que respecto del diputado Joaquín Beltrán se inició el camino para solicitar su desafuero. Las defensas, naturalmente, rechazan las acusaciones, cuestionan la evidencia y sostienen que no se encuentran acreditadas las conductas atribuidas.
Sin embargo, independientemente del resultado final de la causa, el caso deja una discusión que no puede quedar encerrada en un expediente. Cuando se administran recursos públicos, los controles tienen que funcionar antes de que intervenga la Justicia.
El verdadero desafío institucional que deja Molino Fénix no es solamente determinar quiénes son responsables de las presuntas maniobras. También es saber por qué los mecanismos de control del gobierno anterior no pudieron evitar que una situación de semejante magnitud llegara hasta este punto.
