Por Guillermo Carabias
Postdata Columna de Opinion
En medio del complejo escenario económico que atraviesa la Argentina, el Gobierno nacional ha conseguido avances que merecen ser reconocidos: el tipo de cambio se estabilizó, la inflación comenzó a ceder, y algunos sectores productivos empiezan a dar señales tímidas de recuperación. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la estabilización macroeconómica, por sí sola, puede garantizar un desarrollo duradero. La experiencia global enseña que ningún país crece de forma sostenida si no construye un andamiaje institucional sólido y confiable. En otras palabras: no alcanza con ordenar las cuentas públicas y controlar la inflación. Hace falta algo más profundo y estructural: un Estado que funcione, con instituciones creíbles, transparentes y previsibles.
En ese contexto, la justicia cumple un rol clave. Un sistema judicial independiente, eficiente y profesional no es solo una garantía democrática: es una condición económica esencial. Sin seguridad jurídica, no hay reglas claras. Y sin reglas claras, las inversiones se frenan, el empleo formal se estanca y la economía permanece atrapada en la lógica de la desconfianza. Autores como Daron Acemoglu y James Robinson lo explican con claridad en Por qué fracasan los países: las naciones que progresan no son necesariamente las más ricas en recursos, sino aquellas que tienen instituciones inclusivas y funcionales, que limitan el poder arbitrario y garantizan derechos.
En Argentina, el sistema judicial hace tiempo que arrastra problemas estructurales: lentitud crónica, decisiones contradictorias, escasa transparencia, y una preocupante percepción social de impunidad y politización. Estas debilidades no son neutras: afectan la economía real. Según estudios como Justicia y Desarrollo Económico del FORES, la mala calidad institucional desalienta inversiones, limita el crédito, encarece los negocios y ahuyenta la competencia.
Por eso, Argentina no solo necesita un plan económico. Necesita, en paralelo, una agenda de reconstrucción institucional, donde la justicia sea protagonista. La selección de jueces, la reforma del sistema, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas ya no pueden ser debates encerrados en el ámbito jurídico. Son, en realidad, políticas públicas con impacto directo en el desarrollo. Si aspiramos a un país con crecimiento sostenido, más equitativo y con oportunidades reales, la justicia tiene que estar a la altura. Una justicia accesible, previsible, profesional, que no solo castigue cuando debe, sino que también genere confianza. Porque sin justicia, no hay confianza. Y sin confianza, no hay futuro posible.
